Aumentan despojos de tierras en seis estados bajo opacidad judicial

Un incremento en las denuncias por despojo de tierras y propiedades en al menos seis entidades federativas ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad del patrimonio familiar en México. Este fenómeno, que afecta principalmente a zonas con alta plusvalía o proyectos de infraestructura, se concentra en regiones donde la coordinación entre autoridades estatales y locales ha resultado insuficiente para frenar la pérdida de bienes inmuebles.

Datos recopilados por organizaciones civiles y registros estatales indican que la mitad de los casos de despojo a nivel nacional ocurren en este grupo de estados. A pesar de la recurrencia de estas denuncias, la respuesta del sistema de justicia penal ha sido duramente cuestionada por los afectados, quienes acusan una falta de voluntad para investigar el origen de las agresiones y la autenticidad de los documentos presentados por los presuntos despojadores.

Uno de los principales obstáculos que enfrentan las víctimas es la determinación de las fiscalías locales de catalogar estos eventos como conflictos de carácter civil. Al reclasificar estos casos, las autoridades ministeriales declinan su competencia, obligando a los propietarios a iniciar litigios prolongados en tribunales civiles, lo que permite que los invasores permanezcan en posesión de los predios durante años mientras el proceso legal se agota.

Esta estrategia de impunidad se ve agravada por la falta de una política pública integral que obligue a las secretarías de seguridad estatales y a la Guardia Nacional a intervenir de manera oportuna ante flagrancias. Mientras tanto, el Poder Judicial enfrenta el reto de unificar criterios para evitar que el despojo se normalice bajo el argumento de disputas vecinales o mercantiles, dejando en desamparo a miles de familias que ven perder su patrimonio frente a grupos organizados.

Ante este panorama, colectivos de afectados han presentado propuestas ante la Cámara de Diputados para endurecer las penas contra el despojo y obligar a las fiscalías a investigar la posible participación de notarios públicos en la falsificación de escrituras. Se espera que en los próximos periodos legislativos se discutan reformas que garanticen una atención pronta y efectiva por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia.