Denuncian presuntas irregularidades en reforma legislativa sobre el acoso sexual

La activista Erika Solorio denunció este miércoles presuntas omisiones y errores procedimentales en el Congreso de la Ciudad de México, al señalar la eliminación del tercero transitorio del artículo 179 en la reciente reforma al Código Penal local. Según la denunciante, esta modificación podría generar un vacío jurídico crítico en la tipificación y persecución del delito de acoso sexual, afectando la protección legal de las víctimas en la capital del país.

De acuerdo con los señalamientos presentados, la desaparición del texto transitorio, que establecía lineamientos específicos para la transición normativa, ocurrió sin una justificación clara durante el proceso legislativo. Solorio sostiene que la falta de precisión técnica en el documento final compromete la aplicación efectiva de las sanciones previstas, lo que podría derivar en una mayor dificultad para acreditar el ilícito ante las instancias judiciales correspondientes.

Legisladores de oposición han comenzado a cuestionar la rigurosidad con la que se procesaron estas modificaciones, exigiendo una revisión detallada de las actas de las comisiones involucradas. La preocupación central radica en que cualquier ambigüedad en la redacción de la ley penal puede ser aprovechada por las defensas legales para desestimar casos de violencia sexual, contraviniendo los esfuerzos institucionales por garantizar el acceso a la justicia.

Por su parte, fuentes del Congreso capitalino indicaron que se realizarán las verificaciones necesarias para determinar si se trató de un error administrativo en la publicación o de una modificación deliberada durante la votación. Hasta el momento, no se ha emitido un posicionamiento oficial que aclare el estatus actual de la disposición eliminada ni las acciones que se tomarán para corregir la posible laguna legal detectada por los colectivos civiles.

Este caso subraya la importancia del escrutinio ciudadano en las labores de los órganos legislativos, especialmente en temas que involucran derechos humanos y seguridad jurídica. La incertidumbre generada por esta situación mantiene en alerta a diversas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, quienes han solicitado una mesa de diálogo inmediata para blindar el marco legal contra el acoso sexual.