El esquema de huachicol fiscal persiste tras reformas de 2013

La apertura del sector energético iniciada en 2013 permitió la entrada de nuevos actores privados al mercado de importación de combustibles, lo que, según especialistas, creó vacíos legales aprovechados para el denominado huachicol fiscal. Durante la contingencia sanitaria por covid-19, autoridades de la SHCP y el SAT detectaron una red compleja de evasión que operaba mediante la simulación de importaciones. Los combustibles eran declarados ante las aduanas como aditivos químicos o aceites lubricantes para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Este modelo de defraudación consistía en la alteración de pedimentos aduanales, permitiendo el ingreso de hidrocarburos extranjeros sin cubrir las obligaciones tributarias correspondientes. La falta de controles estrictos en los puntos de entrada fronterizos facilitó que este combustible, una vez en territorio nacional, fuera comercializado en estaciones de servicio a precios que distorsionaban la competencia con el producto de PEMEX. La afectación a la recaudación federal alcanzó niveles significativos, motivando una serie de auditorías profundas por parte de la autoridad fiscal en años recientes.

El impacto de estas operaciones no solo se reflejó en las arcas públicas, sino también en el control del mercado energético nacional. La estrategia de las empresas involucradas incluía la triangulación de facturas y la falsificación de certificados de origen para ocultar la naturaleza real del producto importado. Ante este escenario, la administración actual ha endurecido los protocolos de vigilancia en las aduanas y ha fortalecido la coordinación entre la SENER, el SAT y las fuerzas federales para clausurar estas rutas de evasión.

Especialistas en la materia señalan que, a pesar de los esfuerzos de fiscalización, la infraestructura heredada del modelo previo dificulta la trazabilidad total de los combustibles importados. Mientras la SHCP continúa con la revisión de permisos otorgados en el pasado, el gobierno federal ha propuesto reformas adicionales para centralizar la supervisión de las importaciones de hidrocarburos. El objetivo es garantizar que cada litro de combustible que cruce la frontera cumpla con el marco legal vigente y contribuya a la estabilidad financiera del sector energético mexicano.