Empleados sindicalizados denuncian persecución legal tras protestas laborales en Nayarit

Trabajadores sindicalizados del gobierno de Nayarit han denunciado una escalada en la presión institucional tras realizar diversas manifestaciones para exigir el cumplimiento de prestaciones laborales. Según señalan representantes de los afectados, la administración encabezada por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero ha recurrido a la Fiscalía General del Estado para judicializar la disidencia, señalando a los empleados bajo el cargo de apología del delito durante las jornadas de protesta.

Los trabajadores afectados sostienen que, tras participar en movilizaciones frente a sedes gubernamentales en Tepic, recibieron notificaciones de despidos injustificados y citatorios ante el Ministerio Público. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre entre los empleados estatales, quienes argumentan que la vía penal está siendo utilizada como una herramienta para inhibir la libre asociación y la exigencia de derechos laborales básicos protegidos por la Ley Federal del Trabajo.

Por su parte, colectivos sindicales han manifestado que este actuar de la fiscalía local representa un uso indebido de las instituciones de procuración de justicia. Los afectados han buscado el respaldo de organismos defensores de derechos humanos, argumentando que el ejercicio de la protesta pacífica no debería ser tipificado como un delito, sino como un mecanismo legítimo de diálogo en el marco de una relación laboral con el Estado.

Hasta el momento, la administración estatal ha mantenido una postura de reserva respecto a los señalamientos específicos sobre el uso de la fiscalía contra los empleados. Mientras tanto, los trabajadores despedidos han iniciado procesos ante las instancias laborales correspondientes para intentar revertir los ceses y solicitar la protección de sus derechos fundamentales, advirtiendo que continuarán buscando el cumplimiento de los acuerdos pactados en sus condiciones generales de trabajo.