Persisten deficiencias en la atención de menores que viven en cárceles mexicanas

Un reciente informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha puesto de relieve la compleja situación que enfrentan 308 menores de edad que actualmente residen junto a sus madres en diversos centros penitenciarios de México. El organismo autónomo documentó deficiencias estructurales y administrativas en la atención a este grupo vulnerable, detectando irregularidades en 66 penales estatales donde la infraestructura y los servicios básicos no garantizan un desarrollo adecuado para la infancia en reclusión.

De acuerdo con los hallazgos de la CNDH, el diagnóstico abarca un panorama donde, además de los menores, se contabilizan al menos 306 mujeres internas en 72 centros penitenciarios que requieren protocolos de atención especializada. El documento subraya la falta de espacios adecuados para la crianza, así como limitaciones en el acceso a programas de salud, alimentación balanceada y actividades educativas que son fundamentales durante los primeros años de vida de los niños.

La problemática expone la brecha existente en el sistema penitenciario mexicano respecto a la aplicación efectiva de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual estipula el derecho de los hijos de las mujeres privadas de su libertad a permanecer con ellas en condiciones dignas. La CNDH señaló que, pese a los esfuerzos por implementar mejoras, persisten disparidades marcadas entre las entidades federativas, lo que dificulta una atención uniforme y humana para los menores de edad dentro de los muros carcelarios.

Ante este escenario, diversas organizaciones de la sociedad civil han instado a las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a las direcciones penitenciarias estatales a fortalecer los mecanismos de protección infantil. Las propuestas presentadas incluyen la creación de guarderías certificadas dentro de los centros, el incremento en la dotación de insumos médicos y la profesionalización del personal encargado de supervisar las áreas materno-infantiles, buscando siempre privilegiar el interés superior de la niñez en cualquier decisión administrativa.